Confía más, controla menos

Hace unas semanas hablábamos en este blog del Cybertaylorismo, de la capacidad de las nuevas tecnologías para ayudar a evaluar, supervisar y mejorar prácticamente todos los aspectos del trabajo de una persona. Uno de los temores que despertaba esta aplicación de “tecnologías laborales” era su utilización como sistema de control por parte de los empleadores, lo que podía generar mayor estrés y presión en las plantillas, en lugar de mejoras de la productividad. Y es que, paradójicamente, cuantos más mecanismos existen para controlar y evaluar el desempeño en el trabajo, más importancia parecen tener los modelos de evaluación y motivación que se basan en criterios tan básicos como la corresponsabilidad y la confianza entre empleados y empleadores.

Estas últimas semanas han sido noticia dos decisiones en esa dirección protagonizadas por grandes empresas estadounidenses. Por un lado, el gigante General Electric ha anunciado que para casi 30.000 de sus trabajadores en Estados Unidos –el 43% de su plantilla allí- adoptará una política de días libres ilimitados, lo que ha denominado como un enfoque vacacional “permisivo”. Por otro lado, en un movimiento todavía más sorprendente –tanto por el número de empleados a los que afecta (casi 330.000), y por la naturaleza de la empresa (un gigante de la auditoría)-, Accenture ha decidido que a partir de septiembre de 2016 dejará de hacer la evaluación anual que actualmente realiza a cada empleado, y que suspenderá asimismo su programa de elaboración de rankings de desempeño entre el personal.
General Electric se une con su modelo vacacional “permisivo” a otras empresas que ya han experimentado con sistemas parecidos. Recientemente, por ejemplo, Richard Branson (Virgin) anunció hasta un año de permiso con salario completo para algunos empleados que habían sido padres, después de que el año pasado también planteara una estrategia vacacional similar a la de General Electric. De hecho, según la Society for Human Resource Management, en Estados Unidos un 2% de los empleadores ofrecen políticas de tiempo de descanso pagado ilimitado para sus trabajadores. Apoyarse en la confianza y en la responsabilidad es la base para esta decisión libre del trabajador sobre su tiempo de descanso, que obviamente también puede generar disfunciones (al no haber una período vacacional establecido, muchos trabajadores se pueden acabar tomando menos tiempo libre del que necesitarían).
Por lo que se refiere a la decisión de Accenture, tampoco la medida es nueva, aunque llame especialmente la atención por el perfil experto y global de una compañía como esa. Unos atrás, otra gran empresa consultora, Deloitte, empezaba a experimentar con un sistema de evaluación de desempeño continuo e incremental durante el año, basado en cuestionarios de cuatro preguntas muy simples. Microsoft, Adobe, Gap, entre otras grandes empresas, también han revisado y simplificado sus sistemas de evaluación, rankings, etc. Las razones de estos movimientos tienen que ver con que la gran mayoría de los directivos y responsables de dirección de personas de las empresas no están satisfechos con el sistema actual, ya que las evaluaciones anuales no generan realmente la información que se necesita para valorar a cada empleado, consumen un gran número de recursos (tiempo y dinero) y no acaban logrando sus objetivos de mejorar la productividad, y la motivación y satisfacción de las plantillas.

Los problemas de los sistemas de evaluación puramente cuantitativos y de ratings deben ser superados con la generación de climas de confianza y de corresponsabilidad, en los que es clave la mejora de las conversaciones entre los miembros de las empresas. Esto no sólo lo atestiguan casos como los citados. Investigaciones como la de David Rock, Josh Davis y Beth Jones (“Kill Your Performance Ratings”) demuestran con trabajo de campo y con técnicas de neurociencias los efectos perversos de los modelos tradicionales de evaluación: “The performance management (PM) systems in many companies are misleading, cumbersome, and complex, requiring some HR departments to put aside an entire quarter to manage them. More important, they can be counterproductive. In the context of neuroscience research, most PM practices turn out to damage the performance they are intended to improve. That’s because they are based on a fundamental misunderstanding of human responses, as revealed in recurring patterns of mental activity”.

Economía de las clases medias

De vuelta de su intenso viaje por Latinoamérica, el Papa Francisco mantuvo en el avión su tradicional charla con los periodistas. Uno de ellos le preguntó por qué en sus homilías y discursos casi no hace referencia a los trabajadores, a la clase media que paga los impuestos, y se centra siempre en los temas de desigualdad entre ricos y pobres. La respuesta del Papa fue un tanto inesperada, ya que en cierta forma suponía un mea culpa: “Tiene razón. Es un error de mi parte no pensar sobre eso”, dijo. “El mundo está polarizado. La clase media se ha reducido. La polarización entre ricos y pobres es grande. Esto es verdad. Quizá eso me ha llevado a no tener suficientemente en cuenta los problemas de las clases medias”.
Casi coincidiendo con esa declaración, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, presentaba en Nueva York las líneas maestras de su programa económico, que ya ha sido bautizado como “The Middle Way”. Su eje es precisamente lograr esa revitalización de la clase media, de los trabajadores, de los ciudadanos que pagan impuestos, pero hacerlo activamente, sin esperar a que el crecimiento económico, sin más, logre el milagro. Entre el credo republicano del crecimiento (altos ritmos de crecimiento económico y el mercado son la base de la justicia social) y las recetas distributivas de la izquierda y los movimientos populistas (quitar a los ricos para dar a los pobres), la vía media de Clinton se centra en potenciar ese crecimiento, pero haciéndolo compatible con una mayor participación de los trabajadores en la riqueza generada. Sus propuestas se basan en estudios recientes que, como el Report of the Commission on Inclusive Prosperity (Summers y Balls) o More builders and fewer traders: a growth strategy for the American economy (Galston y Kammar), plantean medidas públicas –muchas de ellas de carácter fiscal- para revitalizar la clase media y su compromiso con el crecimiento de la economía americana. Esquemas de participación de los trabajadores en los beneficios y la propiedad empresarial como los existentes en compañías punteras como Google o Southwest Airlaines, potenciación de sistemas de propiedad corporativa más “humanos” y no tan condicionados por el cortoplacismo –empresas privadas que no cotizan en los mercados, negocios familiares, etc.- o incluso la elevación de umbrales de salarios mínimos, son algunos de las ideas que están detrás de ese reforzamiento de la clase media trabajadora, que a su vez sea capaz de impulsar mayor productividad y crecimiento.
Al menos en una primera valoración, ese interés de Hillary Clinton por pensar en cómo mejorar la “economía de la clase media” ha recibido buenas críticas en los medios, no sólo entre demócratas confesos (“Liberals and Wages”, Paul Krugman), sino también entre comentaristas conservadores (“The 2016 Contest Begins to Take Shape” Peggy Noonan) e investigadores del mundo académico (“Capitalism for the Rest of Us”, Blasi, Freeman and Kruse). He aquí algunos de sus comentarios sobre aspectos de ciertas medidas:
(Sobre el mercado de trabajo) “There are several answers, but the most important is probably that the market for labor isn’t like the market for, say, wheat, because workers are people. And because they’re people, there are important benefits, even to the employer, from paying them more: better morale, lower turnover, increased productivity. These benefits largely offset the direct effect of higher labor costs, so that raising the minimum wage needn’t cost jobs after all” (Krugman).
(Sobre los esquemas de participación en los beneficios y la propiedad) “Spreading around profit-sharing and the ownership of capital is not the only answer to solving the challenge of soaring inequality in America, but it’s a critical step that will help rather than hurt economic performance. If the middle class is to survive, we must move toward a more inclusive capitalism” (Blasi, Freeman and Kruse).

(Sobre los sistemas de propiedad) “There was a thought worthy of unpacking, which had to do with the “short-termism” that dominates CEOs’ thinking; they are enslaved to a “quarterly capitalism” that leaves them focused on the share price and the next earnings report at the expense of longer-term investment. This is true: They’re all squeezing too tight and missing the big picture because in the general rush of demands they can’t afford to see it. I’m not sure what a president can do about it, but it’s not bad to talk about such things” (Noonan).

Por supuesto, también se han oído voces críticas, como la de Michael Kinsley en Vanity Fair (“Why Middle-Class Rhetoric Makes for Great Politics but Terrible Policy”), que recuerda cómo históricamente “some of the most inefficient and wasteful government initiatives were defended on the grounds that they would expand the economy and help the middle class”. Sea como fuere, no cabe duda que en la próxima visita del Papa Francisco a Estados Unidos, prevista para septiembre de este año, la discusión sobre las desigualdades y los problemas del capitalismo deshumanizado seguirán en la agenda, pero también estarán en ella los debates sobre esa necesidad de repensar las “economías de las clases medias”.

Las empresas, ¿deben tomar postura?

A menudo se acusa a las empresas y a los empresarios de ocultarse en el silencio o de adoptar posturas tibias ante temas de interés público, de naturaleza política o de otra índole no puramente económica. En España, por ejemplo, se les pide en ocasiones que se manifiesten ante cuestiones como los nacionalismos, la emergencia de populismos de diversa índole, o por poner otro ejemplo, ante asuntos tan controvertidos como la fiesta de los toros. Son raros, sin embargo, los casos de empresas y empresarios que se posicionan con claridad ante temas tan controvertidos. ¿Deberían hacerlo?
En la última semana ha sido noticia en Estados Unidos el hecho de que grandes compañías como Walmart y Sears se adelantaran incluso a las autoridades públicas a la hora de retirar de sus establecimientos referencias que hicieran alusión a la bandera confederada como símbolo del Sur, tras la masacre de Charleston. Es más, cuando la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, retiró ese símbolo de la sede del gobierno estatal, lo hizo a sabiendas de que dos de los mayores empleadores del Estado, Boeing y BMW, así como la cámara de comercio, se habían manifestado en ese sentido.
Frank Bruni, en “The Sunny Side of Greed” (The New York Times) comenta esos acontecimientos como muestra de la creciente implicación de las compañías en campañas públicas a favor, por ejemplo, de causas como la derrota de la modificación de las leyes de libertad religiosa en Indiana, Arkansas y Arizona (Eli Lilly, American Airlines, Intel), la modernización del sistema de inmigración (Apple, Google y Goldman Sachs, entre otras), el matrimonio entre personas del mismo sexo (Amazon, Starbucks, Nordstrom) o la mejora de la educación superior y la lucha contra la discriminación racial (Starbucks). Como señala Bruni, aunque esas acciones no les redime del daño que a veces esas mismas empresas pueden causar al medio ambiente, o a la propia dignidad de los trabajadores cuando se les paga sueldos míseros, lo cierto es que tales tomas de postura llevan a admitir que las corporaciones no siempre son “the bad guys”: “Sometimes the bottom line matches the common good, and they’re the agents of what’s practical, wise and even right”.
Pero la decisión de apoyar causas de interés público no es una decisión fácil, y siempre lleva asociados riesgos. Comentando las mismas reacciones ante la tragedia de Charleston, Brooke Masters recuerda en el Financial Times (“Ride the Way of Public Opinion with Care”) cómo los críticos de Walmart, por ejemplo, han aprovechado su decisión de retirar productos con la bandera confederada para recordarle, públicamente, que sigue vendiendo armas en sus establecimientos. El artículo del diario británico también comenta otros posicionamientos polémicos, con fuertes reacciones en la opinión pública, como los “gay days” en los parques temáticos de Walt Disney, o en el otro extremo, los boicots a la marca italiana de pasta Barilla cuando su fundador y presidente anunció que en la publicidad de la empresa sólo aparecerían “familias tradicionales”. Y es que, como comenta Masters, no se puede olvidar que las empresas con ánimo de lucro suelen mejores siguiendo la opinión pública que liderándola.
La clave ante estas situaciones y controversias públicas suele ser no precipitarse, y valorar a lo largo plazo el grado de coherencia y vinculación de las ideas, valores o causas defendidas con la identidad y los principios de las empresas y sus marcas. Sarah Shearman explica en The Guardian (“Brands searching for purpose must think before hijacking social issues”) cómo la necesidad de diferenciarse en el mercado puede llevar a adoptar decisiones erróneas, o a exagerar la verdadera vinculación de las marcas con causas de interés público. Como concluye el artículo, “brands looking to communicate their purpose should be thinking about long-term commitments to purposes and building partnerships, otherwise they may be seen as piggybacking or cashing in on causes”.

Los empresarios y “la cosa pública”

Se nos olvida con demasiada frecuencia que la imagen que tenemos de la Edad Media está distorsionada por la imagen que nos ha legado de ella la Ilustración. Por esto merece la pena rastrear “en directo” los textos medievales porque, como todas las épocas, incluida obviamente la nuestra, ha tenido grandezas y miserias, aciertos y errores. Así lo demuestra lo que escribió, a mediados del siglo XIV, el franciscano Francesc d’Eiximenis  sobre los empresarios de su tiempo: “Los mercaderes son la vida de la cosa pública; son la vida de la tierra donde viven; son tesoro de la vida pública; sin los mercaderes, las comunidades caen, los Príncipes se vuelven tiranos, los jóvenes se pierden, los pobres lloran; los mercaderes son favorecidos por Dios, en muerte y en vida, por el gran provecho que hacen de la vida pública; Nuestro Señor Dios se apiada de ellos, en muerte y en vida, por el gran provecho de hacen a la vida pública, y los grandes trabajos que sufren en mar y tierra, y por las grandes pérdidas que sufren frecuentemente: toda cosa pública debería hacer oración siempre por los mercaderes.”
Sus palabras no sólo fueron proféticas (en efecto, el surgimiento, crecimiento y consolidación del estamento mercantil fue el principal factor de desarrollo económico y social de las sociedades modernas) sino que también contribuyeron a la comprensión de la acción positiva que los mercaderes tuvieron en la vida pública.
Resulta paradójico que los franciscanos, que abogaban por una pobreza radical, fueron los que más lucharon por defender la trascendencia pública de la labor de los mercaderes, cuyo trabajo era precisamente el de aumentar la riqueza material. Sin duda ayudó el hecho de que San Francisco provenía de una familia burguesa, pero no deja de tener su interés que estos mendicantes tuvieran una conciencia tan arraigada de la necesidad de expresar claramente la dimensión pública de la labor mercantil, tan necesaria para la estabilidad, el progreso y el crecimiento de los pueblos, pasando por encima de cualquier demagogia simplificadora.
Hoy día está de moda atacar a los empresarios y a los políticos, partiendo ingenuamente del hecho de que son todos son igual de egoístas y corruptos. Pero la realidad, tal como el sentido común nos enseña a verla cada día, es un poco más compleja. Hay empresarios y políticos corruptos pero también hay empresarios y políticos honestos, como también hay corruptos y honestos en todas las profesiones, en todos los grupos sociales. Generalizar o etiquetar no lleva a ningún lado. Por tanto, si no seguimos al pie de la letra el consejo del franciscano de “hacer oración siempre por los mercaderes”, al menos deberíamos esforzarnos (y deberían esforzarse ellos mismos) por generar una mayor confianza de la sociedad en su actividad. Y, además de su ejemplaridad, hoy día no hay otro medio que buscar nuevas fórmulas de discurso que les hagan recuperar su legitimidad.

Capitalismo inclusivo

Cada vez se escuchan voces más críticas con el principio de que el criterio fundamental para valorar el gobierno de una compañía es la maximización del valor para sus accionistas. Quizá por su simplicidad y operatividad, esta idea tan básica expuesta por Milton Friedman en 1970, en un famoso artículo publicado en el New York Times (The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits), y reforzada académicamente por otro trabajo de 1976 de Jensen y Meckling en el Journal of Financial Economics (Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure) ha sido el primer mandamiento del gobierno corporativo en las últimas décadas. Pero ha sido también, como cada vez es más evidente, una de las causantes de los enormes problemas generados por el gobierno cortoplacista de muchas empresas –obsesionadas con el valor de la acción en los mercados-, por la vinculación de las remuneraciones de los directivos al logro de dividendos y plusvalías, y por toda una serie de decisiones corporativas que a medio y largo plazo han puesto en peligro –cuando no la han cortado para siempre- la vida de muchas corporaciones.
Si existe un cierto consenso sobre las limitaciones del valor de la acción como único parámetro para valorar el gobierno de las empresas, ¿qué impide que se adopten otros sistemas de gestión? Lynn Forester de Rothschild, máxima directiva de E.L. Rothschild y cofundadora de la Coalition for Inclusive Capitalism, reflexiona sobre esa cuestión esta semana en el Wall Street Journal (How Capitalists Can Do Well While Doing Good). Según Lady Rothschild, el problema práctico es que no existen métricas generalmente aceptadas que integren otros aspectos de gobierno, como los medioambientales, sociales, etc., que ayuden a guiar las decisiones de los inversores. En general, cada vez hay más empresas que tienen en cuenta indicadores de ese tipo (los denominados ESG, Environmental, Social and Governance metrics), que complementan las métricas financieras, pero no existe una aceptación generalizada de estándares que pudieran servir como sistema de evaluación universal.
Es necesario que “las firmas de todo el mundo trabajen conjuntamente para codificar esos estándares de ESG, de forma que puedan ser utilizados por los inversores a la hora de tomar decisiones en los mercados de valores. Si los cinco mercados de valores más grandes del planeta adoptaran métricas comunes, más del 50% de las empresas que cotizan en Bolsa en todo el mundo se verían forzadas a informar de esos parámetros a los inversores”, concluye de Rothschild. Esa es una de las propuestas del denominado “Capitalismo inclusivo”, que busca pensar en el éxito de las empresas no sólo desde una perspectiva financiera, sino también teniendo en cuenta los retornos de las inversiones para los clientes, los empleados y la sociedad.